Depende de varios factores, el más relevante es si hay acuerdo entre los cónyuges o no ya que de eso depende el tiempo que tarda en tramitarse en el juzgado. Un matrimonio puede solucionar su divorcio de mutuo acuerdo en apenas un mes en Pontevedra. Por el contrario, si no hay acuerdo, puede llegar a superar el año y medio e incluso los dos años.
No es necesario. Si uno de los dos quiere divorciarse, el otro no puede oponerse al divorcio pero puede oponerse y discutir a las medidas que se deriven del divorcio: guardia y custodia de los hijos si os hay, uso del domicilio conyugal y pensión compensatoria.
Es una de las cuestiones más problemáticas y conflictivas en los procesos de familia cuando no hay acuerdo entre los progenitores. Lo que decide la guardia y custodia de los menores es siempre el “interés del menor”, es decir, la que sea mejor para los hijos.
Lo que ambos cónyuges acuerden. Si no hay acuerdo, no hay ninguna norma o ley que regule la cuantía de la manutención y la cuantía a pagar depende de los ingresos y gastos de ambos cónyuges y de las necesidades de los hijos, siempre teniendo en cuenta las circunstancias concretas de la familia.
El hecho de que cumplan 18 años no es motivo para dejar de pagar la manutención. Es necesario un pronunciamiento judicial para extinguir la pensión y evaluar previamente la trayectoria del hijo desde que ha cumplido 18 años: si estudia y con qué resultados y si trabaja qué ingresos tiene.
Si el matrimonio se ha celebrado en gananciales, debe realizarse lo que se denomina “liquidación de la sociedad de gananciales”. En un proceso complejo que comienza con el análisis minucioso por parte del abogado de toda la información económica que le proporciona el cliente.
Es necesario y obligatorio para tramitarlo en el juzgado contratar un abogado y un procurador. Si la ruptura es de mutuo acuerdo y hay consenso desde el principio entre las partes, pueden recurrir al mismo abogado y procurador. De lo contrario, cada parte debe contratar el suyo y abonar los honorarios.
En los procesos de familia no hay verdades absolutas ni reglas generales que sean de aplicación para todos, sino que hay que analizar las circunstancias familiares y económicas de cada familia que tengan relevancia en el procedimiento. Esta labor deben realizarla el cliente y el abogado de forma minuciosa antes de empezar cualquier proceso. El abogado asesora a su cliente sobre lo que puede esperar del proceso judicial, evitando conflictos innecesarios.
Es un conjunto de bienes, derecho y obligaciones de una persona fallecida que recibirá quien el difunto haya designado en testamento o, a falta del mismo, sus parientes más próximos.
Si alguien muere sin un testamento, se dice que ha fallecido «intestado». En ese caso, las leyes de su país o estado determinarán cómo se deben distribuir los bienes de la persona fallecida entre sus herederos legales.
Cualquier persona mayor de edad que se identifique y mentalmente capaz puede acudir al notario a otorgar testamento.
Si cree que un testamento es inválido, puede presentar una impugnación ante un tribunal. Las razones comunes para impugnar un testamento incluyen la incapacidad mental de la persona que hizo el testamento, la falta de capacidad legal del testador para hacer un testamento, y la influencia indebida sobre el testador por parte de otra persona.
Sí, puede cambiar su testamento en cualquier momento mientras esté vivo y mentalmente capaz. Puede hacerlo mediante la creación de un nuevo testamento o mediante una adición o enmienda (conocida como «codicilo») a su testamento existente.
Generalmente cuando se otorga testamento se invalida cualquier otro anterior, por lo que el válido es el último otorgado según el certificado de actos de últimas voluntades.
Es una parte de la herencia de la que el fallecido no puede disponer libremente ya que la ley reserva un mínimo para sus parientes más próximos. Por ejemplo, en Galicia los hijos deben recibir al menos ¼ de la herencia de sus padres. Si no se respecta la legítima en el testamento, el pariente que no ha recibido su parte mínima puede reclamarla judicialmente.
Si hay una disputa entre los herederos sobre la distribución de la herencia, puede ser necesario presentar una demanda para repartir los bienes y que cada herederos tenga l parte de la herencia en propiedad.
Para que exista un legado debe haber un testamento donde el fallecido dispone de un bien concreto a favor de una persona, que recibe el nombre de legataria
Para la concesión de la nacionalidad española deben cumplirse los requisitos de permanencia legal en territorio nacional, conocimiento de la lengua y cultura del país. El tiempo de residencia legal que se exige depende de varios factores.
Las deudas adquiridas por un cónyuge durante el matrimonio también se consideran bienes gananciales. Por lo tanto, si uno de los cónyuges tiene deudas, estas deben ser incluidas en el proceso de reparto de gananciales y distribuidas equitativamente entre ambos cónyuges.
Para la concesión de la nacionalidad se valora la “buena conducta cívica” del solicitante por lo que es conveniente eliminar los antecedentes antes de formular la solicitud, no solo los penales sino también los policiales.
El ciudadano el extranjero que lleve residiendo legalmente en España al menos un año, que tenga ingresos suficientes para mantener a ese familiar que desea agrupar y una vivienda adecuada.
Depende de los miembros de la unidad familiar y del grado de parentesco del familiar que se pretenda reagrupar. No computan los subsidios ni las ayudas sociales.
Uno de los requisitos para la reagrupación es tener una vivienda adecuada para acoger al familiar que se pretende reagrupar. El informe de habitabilidad lo realizan normalmente los servicios sociales municipales o la policía local, depende del Ayuntamiento de que se trate, para dar fe de que el reagrupante vive en una vivienda que reúne los requisitos para ser habitable y tiene espacio para recibir al reagrupante.
El plazo de caducidad depende de la normativa propia del país extranjero. En todo caso, en España se considera que están caducados si transcurren tres meses desde su emisión y no se admitirán como válidos en ningún proceso de nacionalidad y extranjería.
El abogado asesora al cliente sobre la documentación que es necesaria y los requisitos que deben cumplirse y acreditarse con carácter previo a la presentación de la solicitud que el propio abogado puede presentar de forma telemática.
Toda lesión que sufra el trabajador a consecuencia o con ocasión del trabajo por cuenta ajena. La lesión puede ser física o psicológica pero siempre debe tener relación directa con el trabajo.
El trabajador podrá ser indemnizado si se acredita que el accidente de trabajo fue debido a la ausencia o al incumplimiento de medidas de seguridad en la empresa. El trabajador que sufra un accidente de trabajo y quiera reclamar la indemnización debe efectuar reclamación judicial a la empresa.
El valor de la hora extraordinaria se regula específicamente en algunos convenios colectivos. Si en el convenio colectivo aplicable a la actividad no se regula el valor de la hora extra, el trabajador y el empresario pueden establecer el valor de la hora extra en pacto individual. La empresa no puede compensar al trabajador por horas extras en menos tiempo o salario que una hora ordinaria de trabajo.
El trabajador que causa baja voluntaria en la empresa no tiene causa para cobrar el desempleo. No se pierde el tiempo cotizado para el desempleo, pero no tiene derecho a subsidio hasta que vuelva a trabajar y tenga una causa legal para cobrarlo: despido, extinción del contrato temporal…
El trabajador que es despedido debe tener una carta de despido entregada por la empresa donde se especifique la causa del despido y la indemnización si procede. El plazo para reclamar contra el despido es de 20 días hábiles por lo que conviene consultar lo antes posible con un abogado.
Puede llegar a cobrar una indemnización si en el convenio colectivo de aplicación a su actividad se contempla. Si la situación de incapacidad permanente deriva de un accidente de trabajo por falta o incumplimiento de medidas de seguridad, también puede reclamar judicialmente a la empresa una indemnización.
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